El sector inmobiliario critica que una ley pretenda acotar los usos de la obra nueva residencial.
La Generalitat redobla su apuesta por la regulación inmobiliaria con una nueva ley que el Govern del PSC y el referente autonómico de Sumar, En Comú, tramitarán por la vía de urgencia y que incorpora nuevos límites a los propietarios de vivienda. El objetivo es incrementar el parque público.
Para hacerlo, se permitirá desarrollar VPO en ampliaciones en altura o edificios que ahora son oficinas, hoteles, locales comerciales o solares no residenciales. También podrán dividirse pisos ya existentes. En todos estos puntos, hay consenso con el sector privado.
En cambio, las restricciones a los usos de la obra nueva generan inquietud. El redactado, que En Comú colgó en su página web, incluye una disposición adicional que acota estas promociones si son para "residencia habitual y permanente".
Este punto dejaría fuera al a lquiler turístico o de temporada y también a las segundas residencias . Con todo, el preámbulo de la norma -que no tiene valor jurídico- dice que estas últimas no se verán afectadas.
"Seguridad jurídica"
A la espera de ver la letra pequeña del texto que la próxima semana entrará en el registro del Parlament y cómo evoluciona a lo largo de su tramitación, el sector lamentó la falta de "seguridad jurídica".
Así lo explicó la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler ( Asval ); Xavier Vilajoana , presidente de la Asociación de Promotores y Constructores (Apce) en la comunidad, y Òscar Gorgues , gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona. Este último afirmó que "muchos municipios no estarán de acuerdo en limitar las segundas residencias, especialmente en los que viven de ellas y del turismo".
Con la nueva norma, la izquierda catalana vuelve a insistir en la regulación. Desde 2018, los promotores en Barcelona deben aplicar una reserva del 30% para el parque público, lo que ha desplomado la actividad. "No ha funcionado ya que no ha cuadrado en la estrategias de negocio de los privados", recordó Tomás-Marc Garcia-Permanyer, CEO de la consultora y promotora 3 Capital.
También alzas fiscales
En 2025 el Parlament subió los tributos inmobiliarios a los grandes tenedores y ahora tramita una ley auspiciada por En Comú para limitar su capacidad de compra. Es un proyecto que, para Junts y PP, amenaza la libertad de empresa y la propiedad privada, por lo que lo impugnaron ante el Consejo de Garantías Estatutarias.
Si la norma se aprueba sin cambios, podría impugnarse ante el Constitucional . Fue este tribunal quien anuló en 2022 los topes al alquiler que el Parlament aprobó en 2020. En 2024 se recuperaron en 271 municipios con la ley de vivienda que convalidó el Congreso.
Críticas a los privados
"Decimos al sector privado que no se pueden lavar las manos ante la crisis de la vivienda", señaló ayer la dirigente de En Comú, Jéssica Albiach. Vilajoana lamentó sus palabras y recordó que los promotores han desarrollado "el 80%" de VPO catalanas.
Hay otras fórmulas que podrían explorarse, explicó Enric Jiménez , CEO de la promotora Somrie. "Comprando activos que llevan sin moverse desde 2007, en Lleida venderemos unas cien viviendas por debajo del precio de VPO", señaló.
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