
Análisis. ¿Y si la solución a la vivienda fuera dejar que el mercado se regule solo?
Editorial. La crisis de la vivienda reclama otras medidas
PSOE y Sumar rescatan la prórroga de los contratos y la alargan más allá del final de la legislatura.
El Gobierno continúa empeñado en solucionar la crisis del alquiler interviniendo los contratos privados que regulan los arrendamientos particulares. PSOE y Sumar van a revivir la congelación de los alquileres que ya fracasó en abril después de que la mayoría del Congreso de los Diputados (PP, Vox y Junts) votase en contra.
Para tratar de convencer al grupo del fugado Carles Puigdemont para que esta vez sí lo apoye, los partidos de la coalición gubernamental incorporarán al real decreto que restituya esta polémica medida, que aprobará el Consejo de Ministros del próximo martes, bonificaciones para los propietarios que pongan sus pisos en alquiler, que podrían extenderse a la vivienda habitual retomando la deducción en el IRPF derogada en el año 2013, tal como ha exigido de forma reiterada el PNV.
Ambos extremos deberán concretarse a lo largo de la negociación con los socios de investidura de Pedro Sánchez, pero muestran la determinación del Ejecutivo para sacar adelante la prórroga de los alquileres, que afectaría en principio a los contratos que venzan hasta el 30 de junio de 2028. Es decir, que se extendería más allá de la duración de la legislatura, que salvo adelanto electoral -opción descartada en varias ocasiones por el presidente Sánchez-, expirará a mediados del próximo año.
Lo cual, según los expertos, agravará todavía más, si es posible, los problemas de asequibilidad que sufren miles de familias. La inseguridad jurídica provocada por el terco intervencionismo del Gobierno en materia de vivienda es la causa principal del histórico hundimiento de la oferta de pisos en alquiler, que ha derivado en un encarecimiento inédito por la escasez de inmuebles disponibles inducida por el poder político.
Alargar esa incertidumbre congelando artificialmente todos los contratos de alquiler en España durante dos años en un contexto de crecientes tensiones inflacionistas a nivel global por el recrudecimiento de la crisis bélica en Oriente Próximo ahuyentará a más propietarios, por mucho que se ofrezcan incentivos fiscales para quienes se alineen con el dirigismo de PSOE y Sumar, además de frenar la inversión inmobiliaria.
La nefasta experiencia de los últimos años así lo demuestra, pese a lo cual el Ejecutivo insiste en elevar su órdago intervencionista en espera de que, por arte de birlibirloque, esta vez sí surta los resultados deseados. Un ilusionismo irresponsable teniendo en cuenta la litigiosidad que generó el decreto rechazado en abril.
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