Editorial. Vivienda: nuevo regreso a las recetas fallidas
Volver a generar inseguridad jurídica es la vía más directa para tensionar aún más los precios.
El mercado inmobiliario continúa emitiendo señales preocupantes. Los precios de los pisos han crecido en el segundo trimestre un 15,2% en tasa interanual, el ritmo más elevado desde 2006, en plena burbuja del sector que acabaría estallando dos años después.
A diferencia de entonces, cuando la excesiva liquidez precipitó el crecimiento desaforado del valor de los inmuebles, esta vez es la escasez de oferta la que impulsa las alzas. Factores como el rápido agotamiento del stock acumulado de pisos por la incorporación de cientos de miles de inmigrantes a la demanda de vivienda, la multiplicación del número de hogares unipersonales, el aumento de la esperanza de vida y, por supuesto, la inseguridad jurídica provocada por el intervencionismo público están detrás de una situación límite que atrapa cada mes a más familias en un bucle de oferta menguante y precios en alza.
El encarecimiento es actualmente más acusado en las ciudades de tamaño medio, con tasas que superan el 20% en Albacete, Soria y Pontevedra. Por encima de la media están también Santander, Santa Cruz de Tenerife, A Coruña, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, Segovia, Valencia, Madrid y Murcia. Por tanto, es una crisis de asequibilidad que se ha extendido a lo largo del país.
La inquietud ciudadana va en ascenso, lo que ha llevado al Gobierno a anticipar que aprobará un nuevo decreto con medidas urgentes para tratar de aliviar las dificultades de un creciente número de familias para conseguir una vivienda. Sin embargo, en vez de atender las propuestas de los expertos y las recomendaciones de las empresas del sector, Pedro Sánchez volverá a utilizar el problema de la vivienda para congraciarse con sus socios más radicales, como Sumar, ERC y Podemos.
Lo hará recuperando la misma congelación de los alquileres durante dos años que apenas estuvo vigente un mes antes de terminar siendo rechazada por la mayoría del Congreso de los Diputados y que provocó una oleada de litigios en los tribunales entre los propietarios que no quisieron renovar el contrato de arrendamiento y los inquilinos que, siguiendo las indicaciones del propio Ejecutivo y de formaciones como la que aún lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, remitieron burofaxes a sus caseros exigiéndoles beneficiarse de la prórroga durante el breve lapso de tiempo en que estuvo en vigor. Volver a generar inseguridad jurídica sobre la vivienda es la vía más directa para tensionar todavía más los precios.
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