Editorial. Cómo deshacer la madeja de la vivienda
Sólo restableciendo las garantías para los caseros será posible recuperar parte de la oferta volatilizada por el intervencionismo.
No habrá enmienda con la política de vivienda. A pesar de las reiteradas posiciones del sector y los actores implicados para que PSOE y Sumar asuman el fracaso sin paliativos de las medidas intervencionistas desplegadas desde 2018, el Gobierno anticipó ayer que aprobará de nuevo por decreto la congelación de los alquileres rechazada por la mayoría del Congreso el pasado mes de abril. A lo que añadirá una subida del IVA con que se gravan los alquileres turísticos hasta el 21%.
Con esta medida, el Ministerio de Vivienda pretende "recuperar" para el mercado del alquiler de larga duración hasta 900.000 pisos, incidiendo en la estrategia de penalizar fiscalmente a los propietarios de vivienda que libremente han optado por ofertar sus pisos para estancias breves. Hay dudas de que esta medida vaya a ser más efectiva que la anterior porque las causas que han movido a muchos particulares a retirar sus inmuebles del arrendamiento tradicional no son económicas, sino de regulatorias.
En concreto, el desequilibrio provocado en la protección legal para propietarios e inquilinos debido a la prohibición de desahuciar a familias vulnerables que no paguen mensualmente la renta. Sólo restableciendo las garantías para los caseros será posible recuperar parte de la oferta volatilizada por el intervencionismo.
El Ejecutivo está preso de las posiciones radicales de Sumar en vivienda, incompatibles con los planteamientos de Junts, cuyos votos en contra fueron decisivos para tumbar la congelación de alquileres. Aprobarla de nuevo sin amarrar antes los apoyos sólo generará más frustración a quienes no logran acceder a una vivienda.
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