Editorial. Los alcaldes quieren invertir más en vivienda
Editorial. Demoledor balance de la Ley de Vivienda
El Banco de España plantea reducir las restricciones urbanísticas, impulsar la construcción industrializada o mejorar la capacitación de los trabajadores del sector.
Ignorar los problemas, plantear diagnósticos equivocados y ejecutar recetas que no atacan las causas, sino los síntomas, habitualmente suele conducir al fracaso. Eso es lo que ha sucedido en el mercado inmobiliario, donde la vivienda acumula un déficit de 750.000 viviendas entre 2021 y 2025, de acuerdo con los datos del Informe Anual del Banco de España, una cifra que seguirá incrementándose hasta los 900.000 inmuebles este año.
Este déficit ha provocado que el precio de la vivienda se dispare más de un 50% en este periodo, lo que no sólo genera problemas sociales y demográficos, como el retraso en la edad de emancipación de los jóvenes y el consiguiente freno a la natalidad, sino también económicos. Al evidente límite al consumo y al ahorro que implica el creciente porcentaje del sueldo necesario para cubrir el alquiler o la hipoteca, hay que sumar también el freno a la movilidad interprovincial, que está llevando a que cada vez más trabajadores y parados rechacen ofertas de empleo lejos de su vivienda habitual.
Y eso supone un problema, ya que más de la mitad de este déficit de vivienda se concentra en seis provincias que son, además, las más dinámicas de España -Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Alicante y Murcia-, lo que limita la capacidad de atraer población hacia los lugares con mayores oportunidades de empleo y hacia aquellos donde más está creciendo la productividad, gracias a la acumulación de capital humano. Por ello, el Banco de España plantea reducir las restricciones urbanísticas, impulsar la construcción industrializada o mejorar la capacitación de los trabajadores del sector.
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