JOSÉ ORIHUEL @JoseOrihuel Barcelona
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La entidad que depende de la Generalitat recurre al banco de la Unión Europea para afrontar un plan que prevé la edificación o renovación de 4.500 inmuebles.
Más fondos económicos para fortalecer la estrategia de vivienda nueva del Govern de Salvador Illa, que se ha erigido como uno de los pilares fundamentales de la agenda del Ejecutivo socialista con el compromiso de promover hasta el año 2030 la edificación de 50.000 viviendas destinadas a alquiler accesible.
El Institut Català de Finances (ICF), la entidad financiera de la Generalitat, se encuentra en conversaciones con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para conseguir un préstamo de aproximadamente 330 millones de euros que ayude a la construcción o rehabilitación en Cataluña de unas 4.500 viviendas para alquiler asequible que cuenten con altos estándares de eficiencia energética.
Con los fondos proporcionados por el banco de la Unión Europea, el ICF otorgará financiación a largo plazo con precios atractivos a las promotoras inmobiliarias privadas y públicas que quieran llevar a cabo este tipo de viviendas.
Fuentes de la entidad autonómica confirmaron ayer que las negociaciones para la materialización del nuevo crédito ya están en curso. "Tanto para el Govern como para el ICF la vivienda es una prioridad y el BEI es uno de los socios más relevantes que tenemos para financiar nuestra actividad", señalaron desde el organismo liderado por Vanessa Servera.
El plan propuesto al BEI por el ICF contempla un volumen de inversión aproximado de 660 millones de euros, es decir, el doble de la cantidad solicitada.
El objetivo final es "mejorar la disponibilidad de viviendas públicas de alquiler adecuadas en Cataluña", donde "el problema subyacente del mercado radica en la persistente escasez de viviendas a precios asequibles, ya que la oferta actual no satisface la demanda", según la documentación presentada al BEI.
El nuevo plan del ICF es una versión renovada del que la entidad dependiente de la Generalitat firmó con el BEI en julio de 2024, durante el Govern de Pere Aragonès (ERC). En esa ocasión, el importe total alcanzó los 1.000 millones de euros y la financiación del banco comunitario se situó en 490 millones. Esta inyección debía permitir la edificación de un total de 4.600 viviendas públicas para alquiler asequible.
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